En los últimos meses, la escasez general de gases refrigerantes está generando un desequilibrio entre la oferta y la demanda de este producto. La consecuencia directa es un notable encarecimiento de su precio.
Se trata de una coyuntura de efectos a nivel global pero que está teniendo a nivel estatal, aún más si cabe, un mayor impacto. Y es que a ese sobrecoste del producto hay que añadir el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI).
Esta situación está favoreciendo el aumento de prácticas ilegales y un incremento del mercado negro, importándose de manera fraudulenta gases o reutilizándolos de manera inadecuada. Ambos prácticas están repercutiendo directamente en el descenso de la eficiencia energética de las instalaciones y en el aumento de las emisiones de C02, con serios problemas de seguridad asociados.
Para tratar de comprender cómo se ha llegado a la situación actual, tenemos que remontarnos al año 2014. En ese año, la Unión Europea introdujo su normativa F-Gas en la que dicta la paulatina desaparición de los HFC y otros gases con flúor (especialmente R-404A y R-507). En esa hoja de ruta propuesta, a partir de 1 de enero de 2018 el uso de este tipo de gases debe reducirse en un 37%.
A esto hay que añadir que las directrices de la nueva asignación de cuotas a cada productor o importador de gases, basadas en el PCA (Potencial de Calentamiento Global), reducen de por sí la disponibilidad de gases refrigerantes en el mercado.
No existen sustitutos
Actualmente, los refrigerantes más utilizados no disponen de un sustituto directo de menor PCA. Además, los usos y aplicaciones de algunos gases del grupo L2 que aparecen como alternativas están restringidos a la espera de la aprobación y publicación de un nuevo reglamento de seguridad que modifique su tratamiento.
Ante esta circunstancia, tanto desde AEFYT como desde otras asociaciones europeas del sector, llevan tiempo advirtiendo de que la tecnología y las investigaciones realizadas no están consiguiendo alcanzar los requisitos que se requieren a nivel legislativo. Por tanto, todo indica que aún queda camino por recorrer para encontrar a un producto o productos que sustituya a los principales gases refrigerantes que se utilizan actualmente.
